Con 82 votos, los diputados de la Asamblea Legislativa aprobaron en la sesión plenaria de ayer la ley especial para la atención y protección integral de personas en condición de desplazamiento forzado interno, casi un año después de que venció el plazo establecido por una sentencia de la Sala de lo Constitucional que daba como límite el 13 de enero de 2019.
Algunos diputados aseguraron que aunque la ley es un paso al frente en garantizar derechos a la ciudadanía, el problema no termina con la aplicación de la normativa puesto que «mientras en el lugar de origen exista ese germen criminal encapsulado, la fuerza potencial de generar violencia continúa, porque las estructuras de pandillas lejos de disminuirse, aumentan», según lo expresó Rodrigo Ávila, de ARENA.
En la ley se contempla la creación y la instalación de albergues temporales para que las personas que demuestren que han salido de sus viviendas por la situación de pandillas o amenazas sean resguardadas, además de dar protección a los bienes materiales e inmateriales que los ciudadanos dejen.
Según datos de la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) en el periodo de 2006 a 2016, cerca de 71,000 personas han sido víctimas de desplazamiento interno solo en El Salvador.
«Estamos cumpliéndole a las víctimas más que a una resolución de la Sala de lo Constitucional. La ley venía muy cargada de cosas que ya contemplaba la Constitución de la República. Por ello es que de ciento y tantos artículos nos quedamos con 35».
«Recogimos los insumos que se presentaron por las diferentes organizaciones y hasta en el punto de financiamiento fuimos responsables», señaló el diputado de GANA Mario Tenorio, presidente de la comisión de legislación.