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La Asamblea Legislativa de El Salvador ha dado un paso trascendental en la reestructuración de su sistema de justicia, aprobando con 57 votos a favor y tres abstenciones la Ley de Disolución de la Comisión Coordinadora del Sector de Justicia y de la Unidad Técnica Ejecutiva del Sector de Justicia (UTE). Esta decisión, que marca el fin de dos entidades creadas en 1996, implica la transferencia de sus funciones al Ministerio de Seguridad Pública y Justicia, con un plazo límite para su cierre y liquidación fijado para el 31 de diciembre del presente año.
La iniciativa, impulsada por el diputado Gustavo Villatoro, busca consolidar y optimizar las operaciones del sector justicia. Villatoro destacó que las responsabilidades de ambas comisiones serán absorbidas por la cartera de Seguridad, argumentando la necesidad de evitar duplicidades y mejorar la eficiencia en el uso de los recursos públicos. La UTE, en particular, jugó un papel crucial en la elaboración de los Códigos Penal y Procesal Penal en 1998, documentos que fueron calificados como fundamentales para el marco legal del país.
Uno de los puntos más sensibles de esta reforma es el destino del programa de protección de víctimas y testigos, que hasta ahora estaba bajo la administración de la UTE. El diputado Villatoro expresó dudas sobre la efectividad de este programa desde su creación, señalando que el sistema judicial no había logrado tutelar adecuadamente la seguridad de los testigos. No obstante, este programa vital será ahora gestionado por el Ministerio de Seguridad Pública y Justicia, que asumirá las tareas de atención, coordinación interinstitucional y el cumplimiento de las obligaciones normativas establecidas.
En cuanto al personal de la UTE, que según Villatoro asciende a 43 empleados, se ha establecido un plan de transición. Aquellos trabajadores que sean considerados esenciales para la ejecución del programa de protección de víctimas y testigos serán trasladados al Ministerio de Seguridad. Para el personal no requerido, se ha previsto una indemnización que variará según el nivel salarial. Los empleados con remuneraciones entre $408.80 y $900 recibirán hasta 24 remuneraciones mensuales, mientras que aquellos con ingresos superiores a $901 obtendrán hasta 12 remuneraciones. Estos pagos se efectuarán durante los primeros tres meses de 2027, conforme al artículo 4 de la normativa aprobada.
El financiamiento para estas indemnizaciones no requerirá un refuerzo presupuestario adicional, ya que se utilizarán las asignaciones previamente destinadas a la UTE, que para el año en curso ascendieron a 2.2 millones de dólares. Durante el período de transición, la Dirección General de la UTE mantendrá su administración y representación legal para atender las obligaciones pendientes y completar los trámites necesarios para su cierre definitivo.
Para supervisar este proceso, se conformará un Comité de Liquidación integrado por personal de la institución. Este comité tendrá la responsabilidad de realizar el inventario, organizar los archivos, liquidar bienes y transferir recursos, contratos y obligaciones, todo ello con el acompañamiento de representantes del Ministerio de Seguridad Pública y Justicia.
La decisión no ha estado exenta de críticas por parte de la oposición. Los diputados Claudia Ortiz, Marcela Villatoro y Francisco Lira votaron en contra de la medida. El diputado Lira manifestó su preocupación, argumentando que esta reforma va más allá de una simple reducción burocrática, ya que implica el traslado de funciones sumamente sensibles del sistema de justicia al Ministerio de Seguridad Pública y Justicia. Lira enfatizó que la UTE no era meramente un ente administrativo, sino que la Ley Especial para la Protección de Víctimas y Testigos la designó como el organismo administrador del programa, bajo la rectoría de la Comisión Coordinadora.
Entre las responsabilidades clave de la UTE se encontraban la recepción de solicitudes de protección, la evaluación y decisión sobre las medidas para víctimas y testigos, la administración de albergues y la coordinación de la ejecución de estas medidas con la Policía Nacional Civil (PNC) y otras instituciones. El legislador cuestionó la justificación del Gobierno de evitar duplicidades y optimizar recursos, planteando interrogantes cruciales: “¿cómo se garantizará la independencia técnica de las decisiones?, ¿qué controles y contrapesos existirán?, ¿cómo se resguardará información altamente sensible?, ¿y qué garantías tendrán las víctimas y testigos de que su protección no se verá debilitada?”. Estas preguntas subrayan las preocupaciones sobre el impacto a largo plazo de esta reforma en la transparencia y la efectividad del sistema de justicia salvadoreño.
