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El futuro del comisionado Mauricio Arriaza Chicas como viceministro de Seguridad Pública y como director de la Policía está en manos de la Asamblea Legislativa.
Ayer, la Fiscalía General pidió al Órgano Legislativo que le quite el fuero constitucional a Arriaza Chicas por su calidad de viceministro de Seguridad, para que sea procesado en una Cámara de Segunda Instancia por incumplimiento de deberes al desobedecer dos órdenes del primer Órgano de Estado.
La comisión especial legislativa que investiga los gastos de los fondos públicos en la emergencia por la pandemia del COVID-19 le ordenó en dos ocasiones al director de la Policía que llevara por apremio a los ministros de Hacienda, Alejandro Zelaya; y de Salud Pública, Francisco Alabí; por negarse en tres oportunidades a acudir a la referida comisión.
El artículo 236 de la Constitución establece que la Asamblea Legislativa deberá de establecer si hay o no hay formación de causa para que un alto funcionario público sea procesado en los tribunales de justicia comunes.
“En este caso el director de la Policía Nacional Civil, ahora viceministro de Seguridad Pública, ha incumplido sus deberes al no acatar una solicitud de un Órgano del Estado, por lo consiguiente, ha habido un quebrantamiento al Estado de Derecho y a la democracia de nuestro país”, dijo uno de los fiscales del caso.
El Órgano Legislativo pidió a la Fiscalía General que investigara a Arriaza Chicas por no haber cumplido en dos ocasiones con la orden emanada de la Asamblea Legislativa de haber llevado por apremio a los ministros de Hacienda y de Salud Pública.
En vez de cumplir la orden, Arriaza Chicas justificó mediante una carta ante los diputados que el ministro de Hacienda tenía “causa justificada basada en el ordenamiento constitucional” para no asistir a los citatorios que los legisladores le hicieron en tres ocasiones.
Arriaza también le restó importancia a una orden de la Fiscalía General de que tenía que desalojar a un grupo de sindicalistas de la alcaldía de San Salvador y afines al gobierno que impedían el ingreso de los camiones recolectores de basura de la comuna capitalina a la referida planta.
Sin embargo, el ente fiscal no acusó a Arriaza Chicas por desobedecer esa orden fiscal sino que al jefe de la Policía de Apopa, comisionado Víctor Manuel Herrera por incumplimiento de deberes ante el juzgado de Paz de Nejapa. Herrera es procesado en libertad.
En un intento por dilatar un eventual proceso judicial en contra del director de la Policía, el presidente Nayib Bukele lo nombró como viceministro de Seguridad Pública, el 9 de octubre pasado.
El director de la Policía no está contemplado entre los altos funcionarios de Estado que gozan de fuero constitucional, pero sí los ministros y viceministros de las distintas carteras de gobierno, según el artículo 236 de la Constitución.
En su oportunidad, el abogado constitucionalista Salvador Enrique Anaya calificó el nombramiento del director de la Policía como viceministro de Seguridad ad honorem como fraude a la Constitución y a la ley.
“Un fraude a la Constitución porque se intenta burlar la Carta Magna que obliga a la apoliticidad del director de la PNC, y un fraude de ley, porque se le nombra como viceministro peses a que es incompatible”, dijo Anaya.
En septiembre pasado, la abogada Ruth Eleonora López presentó un recurso de inconstitucionalidad del nombramiento de Arriaza Chicas como director de la Policía.
López argumentó que su designación al frente de la corporación policial violenta los artículos 159 y 168 de la Constitución que refieren que la Seguridad Pública debe de ser dirigida por autoridades civiles y no militares. Arriaza Chicas es un oficial retirado de la Fuerza Armada.
