La Corte Suprema de Justicia de Nicaragua admitió a estudio una demanda interpuesta por dos abogados contra las autoridades del Ministerio de Gobernación por supuestamente dar de manera arbitraria la ciudadanía nicaragüense al expresidente salvadoreño Mauricio Funes y su familia, prófugos de la justicia.
La información fue confirmada por el periódico La Prensa, de Nicaragua, que señaló que los abogados que interpusieron el recurso de amparo son Julio Montenegro y José López, integrantes de un grupo denominado Defensores del Pueblo, dedicados a defender a presos políticos del régimen de Daniel Ortega.
Mauricio Funes está en Nicaragua con su familia desde 2016, cuando huyó mientras la Fiscalía General de la República tenía investigaciones por supuestos actos de corrupción durante su mandato presidencia bajo la bandera del izquierdista Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional.
El régimen de Ortega decidió darle asilo político a Funes y su familia desde el primer momento para protegerlo de las acusaciones de corrupción que lo reclaman en El Salvador. Y en 2019, el Ministerio de Gobernación orteguista anunció que Funes, su pareja Ada Mitchell Guzmán y tres sus hijos obtuvieron la nacionalidad nicaragüense.
Obtuvieron la ciudadanía de Nicaragua para evadir por completo la justicia salvadoreño, porque la Constitución de ese país prohíbe entregar sus ciudadanos aunque sean reclamados judicialmente por otras naciones. Argumentan que la solicitud de asilo político, según el reglamento de la Ley General de Migración y Extranjería, debe realizarse ante la Comisión Nacional para los Refugiados o en la Dirección General de Migración y Extranjería. Y no como hizo Funes, ante Cancillería.
De acuerdo con el periódico nicaragüense, los abogados tuvieron que acudir ante la Corte Suprema porque el recurso fue rechazado «de forma expedita por la Sala Civil Dos del Tribunal de Apelaciones de Managua, presidida por el magistrado orteguista Gerardo Rodríguez en octubre de 2019».
