El expresidente Mauricio Funes se defendió en su cuenta de Twitter desde Nicaragua luego de que el presidente de la república, Nayib Bukele, anunciara que el gobierno acompañará a la Fiscalía General de la República (FGR) en la investigación contra el exmandatario y otros exfuncionarios por los delitos de corrupción en la construcción de la presa hidroeléctrica El Chaparral.
En una serie de tuits, Funes se desligó de la acusación y señaló al expresidente Elías Antonio Saca y al gobierno de Salvador Sánchez Cerén, este último de su mismo partido, el FMLN.
El presidente de la CEL, Daniel Álvarez, sostuvo que la presa hidroeléctrica, que se construye en San Luis La Reina, San Miguel, tendría un nuevo costo de $759.4 millones para finalizar en el último trimestre de 2020. El plan original de la obra era de $207.8 millones, de estos $163.3 millones provenían de un crédito del BCIE. Este se incrementó luego a $694.4 millones. Sin embargo, con el nuevo cálculo, habría otro aumento más de $65 millones.
Este último incremento está relacionado a su atraso: más costos financieros por el crédito y mayor gasto de supervisión y medidas ambientales, según la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL).
Bukele expresó su molestia y dijo que le «darían ganas de ponerle unos buenos trozos de dinamita y demoler ese monumento a la corrupción».
En su defensa, Funes alegó que las irregularidades se dieron en el gobierno del expresidente Saca, que fue quién contrató a la empresa ASTALDI, y durante su gobierno CEL únicamente negoció la terminación del contrato «conforme a las recomendaciones del asesor jurídico».
Agregó que si la obra aumentó es culpa del gobierno del expresidente Salvador Sánchez Cerén.
«Si El Chaparral cuesta más de $700 millones esa es responsabilidad de CEL bajo el gobierno de Sánchez Cerén que volvió a licitar el proyecto. A mí que no me metan en ese entuerto que no fui yo quien negoció con la empresa que tiene parada la obra. Nayib no tiene de qué acusarme», sostuvo el nicaragüense.
La Fiscalía acusa a Funes, así como a su cónyuge, Mitchell Guzmán; al expresidente de CEL, José Leopoldo Samour; y a representantes de la empresa ASTALDI de pactar el pago directo de $108.5 millones, que incluía la cancelación de la obra ejecutada hasta ese momento, más una suma adicional de $45,244,418.