Protocolo establece que Víctimas de coronavirus tienen que ser enterradas en municipio de muerte. Salud se encarga del manejo de fallecidos.
El Ministerio de Salud es la única institución que se puede encargar del manejo y traslado de las víctimas mortales de COVID-19, enfermedad causada por el coronavirus que durante las últimas 48 causó ya dos muertes en El Salvador, según datos del Gobierno. Se trató de una mujer mayor de 60 años y de un hombre de 89 años.
Francisco Alabí, recién nombrado ministro de Salud, explicó el martes, tras la primera muerte por COVID-19, que activarían el protocolo de tratamiento para fallecidos establecido por el Instituto de Medicina Legal (IML), la dependencia de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) encargada de procesar los cadáveres en El Salvador.
«La indicación es que si el fiscal llama se irá solo al levantamiento y no habrá autopsia», explicó la forense del IML, que solicitó no citar su identidad en en este texto. Ayer, El Salvador reportó el segundo fallecimiento por el nuevo virus.
El 13 de marzo pasado, el IML dio a conocer el manejo que tendrían los cadáveres con coronavirus en el país, pero la publicación ya no aparece en las redes sociales del Órgano Judicial. Y el MINSAL aprobó, el 31 de marzo , nuevos lineamientos para tratar a víctimas mortales, según el acuerdo 724 en el ramo de Salud.
«Los cadáveres de casos por COVID-19 constituyen un riesgo sanitario de tipo profesionalpara el personal responsable del manejo y disposición final», se lee en el documento.
En los nuevos lineamientos, las autoridades sanitarias dejaron claro que está prohibido hacer necropsias, autopsias, embalsamiento y cremaciones privadas a los cuerpos infectados con coronavirus.
Además, las personas que manipulen los cuerpos tienen que utilizar equipos de máxima protección, que deben ser eliminados tras los trabajos.
Para minimizar los riesgos de contagio, las familias de víctimas del virus no pueden hacer rituales fúnebres, velaciones, actos religiosos o abrir el ataúd, y al entierro solo pueden acudir máximo dos familiares. Las disposiciones que había aprobado Medicina Legal recomendaban que al acto fúnebre acudieran el mínimo de personas posibles y permitía una breve despedida religiosa.
Según la orden del MINSAL, los fallecidos tienen que ser enterrados con los catéteres, sondas, tubos y todos los objetos que pueden contener sus fluidos, incluida la sábana.
Serán resguardados con dos bolsas especiales en un féretro especial para casos de COVID-19; luego los trasladarán al cementerio en el menor tiempo posible, apuntan las indicaciones.
«Existe un protocolo para el manejo del cadáver. Específicamente una vez sucede la letalidad, se inicia el proceso de preparación de este cadáver, y esto implica utilizar medidas basadas en hipoclorito de socio para rellenar ciertos orificios corporales, para ubicar también dentro de bolsas específicas el cuerpo, que contienen hipoclorito de socio», dijo Alabí el martes pasado.
Un equipo de saneamiento ambiental, del MINSAL, va a verificar que las medidas se cumplan en el momento de entierro. En caso de que un sospechoso de contagio muera en casa, los familiares tienen la obligación de informar a las autoridades. Las familias no tendrán la posibilidad de elegir el cementerio donde quieren enterrar a las víctimas: será en el municipio donde falleció.
«Es responsabilidad del personal del SNIS (Sistema Nacional Integrado de Salud), dar cumplimiento a los presentes lineamientos técnicos, caso contrario se aplicarán las sanciones establecidas en la legislación administrativa respectiva», detalla el documento del Ministerio de Salud, que hasta ayer no aclaró si ya están enterradas ni dónde corresponde enterrar a las dos primeras víctimas del virus.
El protocolo actual sobre el tratamiento de cadáveres con coronavirus, según el acuerdo 724 en el ramo de Salud, no es definitivo, puede tener cambios conforme avance la pandemia del virus surgió en China a finales de 2019.
Al cierre de esta nota, las autoridades contabilizaban 41 contagios en El Salvador incluidas las dos víctimas.