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España registró 4.458 muertes atribuibles al calor entre el 1 de junio y el 31 de julio de 2026, según datos publicados por el Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) de Madrid. Este volumen representa la cifra más alta para este periodo desde 2022, cuando se contabilizaron 4.520 fallecimientos. La comparación con ejercicios anteriores revela un aumento significativo: en 2025 se reportaron 3.073 muertes, mientras que en 2024 fueron 1.890. El sistema MoMo (Monitor de la Mortalidad), que el ISCIII utiliza para medir la mortalidad en tiempo real, calcula estas cifras comparando las defunciones diarias con las expectativas históricas.
El verano de 2026 se consolidó como uno de los más calurosos de la historia reciente en España. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) confirmó que julio fue el mes más cálido jamás registrado, empatando con el récord histórico establecido en 2022. Asimismo, fue el mes más seco desde 1961, lo que agravó las condiciones para la propagación de incendios forestales. Uno de los eventos más impactantes ocurrió a finales de julio, cuando un incendio arrasó 50.000 hectáreas en la provincia de Ávila, al oeste de Madrid, convirtiéndose en el siniestro más extenso documentado en el país.
Los expertos señalan que las olas de calor se han intensificado en los últimos años, con temperaturas que superan con frecuencia los 40 °C. Estas condiciones extremas han puesto en evidencia la vulnerabilidad de la población, especialmente de personas mayores y con enfermedades crónicas. Las autoridades sanitarias han reforzado las campañas de prevención, orientadas a reducir el riesgo durante los episodios de calor extremo.
El análisis del ISCIII indica que la mortalidad atribuible al calor no solo responde a temperaturas directas, sino también a factores como la humedad relativa, la contaminación del aire y el nivel de alerta emitido por las instituciones. Las proyecciones climáticas apuntan a una tendencia al alza en la frecuencia e intensidad de estos eventos, lo que exige una planificación estratégica a nivel nacional e internacional para mitigar sus efectos en la salud pública.
