La Mesa Contra la Impunidad le pidió esta mañana al fiscal general que investigue el posible cometimiento de delitos en la orden del presidente de la república, Nayib Bukele; y el ministro de Defensa, René Merino Monroy, de bloquear el acceso a los archivos militares sobre la masacre de El Mozote, ocurrida en 1981 en la zona norte del departamento de Morazán.
«Hay un informe firmado por el secretario Jurídico, como representante del presidente, y firmado de puño y letra del ministro de la Defensa, donde admiten que dieron órdenes de que no se realizara la inspección. Hay prueba de ese delito», dijo David Morales, director de litigio estratégico de Cristosal.
Las organizaciones de derechos humanos consideran que las máximas autoridades de la Fuerza Armada cometieron delito al impedir que el juez del caso El Mozote inspeccionara los archivos la semana pasada.
Morales agregó que con ese bloqueo, las autoridades «se ponen de lado de la impunidad, del lado de los criminales y están abandonando a las víctimas de la peor masacre ocurrida en América Latina en tiempos modernos».
El 24 de septiembre pasado, el juez Jorge Guzmán, titular del Juzgado de Instrucción de San Francisco Gotera, llegó al Estado Mayor Conjunto de la Fuerza Armada para cumplir una orden judicial que obliga al Ejército a entregar los archivos relacionados con la matanza. Sin embargo, el coronel Carlos Vanegas impidió el ingreso al juez y demás autoridades.
La Mesa Contra la Impunidad incluyó en su petición a la Fiscalía al coronel Vanegas por considerarlo «autor material del bloqueo a las inspecciones judiciales». Además, piden que se incluya a «cualquier otro involucrado en la cadena de mando».
