.png)
.png)
El Salvador ha sido escenario de un hito judicial sin precedentes, cuarenta y cuatro años después de un crimen que marcó profundamente la historia del conflicto armado en el país. La justicia salvadoreña ha dictado condena contra tres altos mandos militares, señalados como los responsables de planificar y ordenar la operación que culminó con el asesinato de cuatro periodistas neerlandeses y cuatro de sus acompañantes en 1982. Así lo reveló el periodista Óscar Pérez, de la Fundación COMUNICÁNDONOS, una entidad que ha brindado acompañamiento constante a las familias de las víctimas en su incansable demanda de verdad y justicia.
Pérez, en una conversación con Julio Villagrán, enfatizó la trascendencia de este proceso, calificándolo como un juicio histórico para El Salvador. Además, desveló que dos de los militares condenados permanecen bajo custodia en el Hospital Bautista desde su captura en 2022, mientras que el tercero enfrenta un proceso judicial en Estados Unidos.
La causa que llevó a esta sentencia fue interpuesta ante la Fiscalía General de la República (FGR) en 2018, a instancias de los familiares de las víctimas y con el apoyo fundamental del Gobierno de los Países Bajos, también conocido como Holanda. Dos años después, el caso fue judicializado, avanzando hasta la etapa de juicio oral.
Los militares condenados son el General Guillermo García, quien ocupaba el cargo de Ministro de Defensa en el año del asesinato; el Coronel Francisco Morán, director de la Policía de Hacienda en aquel entonces; y el Coronel Mario Reyes Mena, jefe de la Cuarta Brigada de Infantería, con sede en El Paraíso, Chalatenango.
Durante el desarrollo del proceso judicial, se expuso que la Policía de Hacienda habría llevado a cabo labores de inteligencia y seguimiento a los periodistas. Esta información, según lo presentado, habría sido posteriormente trasladada al Estado Mayor y al Ministro de Defensa, instancias desde las cuales se habría tomado la decisión final. Dicha decisión fue comunicada al jefe de la Cuarta Brigada, unidad militar bajo la cual operaba el Batallón Atonal, implicado directamente en los hechos.
Los cuatro comunicadores asesinados eran periodistas neerlandeses que habían dedicado su trabajo a documentar la realidad de El Salvador y las graves violaciones a los derechos humanos ocurridas durante la guerra civil. Entre sus proyectos, destacaban un documental sobre el accionar de los escuadrones de la muerte y otro sobre las afectaciones a la población civil durante el conflicto armado.
El relato de los hechos, presentado durante el juicio, sugiere que los periodistas habrían sido vigilados desde México, donde se encontraban antes de su viaje a El Salvador. Su objetivo era producir la segunda parte de un documental. Inicialmente, planeaban entrevistar a una familia de clase media en El Salvador para luego trasladarse a Chalatenango y documentar la situación de la población rural afectada por el conflicto. El interés primordial de los periodistas era registrar denuncias sobre bombardeos, ametrallamientos, desapariciones y asesinatos que se reportaban en zonas rurales durante los operativos militares de aquellos años.
Antes de su trágico final, los periodistas fueron objeto de interrogatorios y sus comunicaciones fueron intervenidas. Un día crucial fue el 16 de marzo de 1982, tres días antes del asesinato, cuando los comunicadores acudieron al penal de Mariona para entrevistar a presos políticos. Al día siguiente del crimen, algunos de esos mismos presos fueron informados de que los periodistas habían sido asesinados, un detalle que, para la Fundación COMUNICÁNDONOS, forma parte de la evidencia que apunta a una operación meticulosamente planificada.
El 19 de marzo de 1982, los cuatro periodistas se dirigieron hacia una zona de Chalatenango, acompañados por sus colaboradores. Según el testimonio de Óscar Pérez, una patrulla compuesta por 25 integrantes del Batallón Atonal había preparado una emboscada desde las primeras horas de la mañana. Los periodistas y sus acompañantes fueron asesinados a las 5:20 p.m.
Durante el proceso judicial, la defensa de los militares argumentó que las muertes fueron consecuencia de un enfrentamiento armado en el contexto de la guerra, y que los comunicadores se encontraban en una zona vinculada a la guerrilla. Sin embargo, el tribunal desestimó esta versión y consideró culpables a los tres altos mandos acusados.
El juicio se llevó a cabo en 2025 bajo las disposiciones del antiguo Código Procesal Penal, y el jurado, integrado por ciudadanos, emitió su veredicto. La sentencia estableció una pena de 30 años de prisión para cada uno de los tres militares condenados. Óscar Pérez explicó que, si bien el antiguo régimen penal contemplaba penas mayores, las reformas aplicadas al proceso determinaron finalmente esta condena.
Actualmente, dos de los condenados permanecen bajo custodia en El Salvador, aunque en el Hospital Bautista y no en una prisión, como correspondería tras la sentencia. Por su parte, el Coronel Reyes Mena reside en Estados Unidos, y sobre él pesa una orden de extradición, según lo expuesto durante el proceso.
La sentencia no solo establece responsabilidades penales, sino que también contempla la posibilidad de que los familiares de las víctimas soliciten reparaciones civiles y económicas. Además, ordenó al Estado salvadoreño ofrecer una disculpa pública a las familias de los periodistas, aunque Pérez señaló que este último punto aún no se ha concretado.
Para Óscar Pérez, el caso de los periodistas holandeses no debe ser visto como un hecho aislado. Subraya que existen más de 200 denuncias y demandas de verdad y justicia relacionadas con crímenes cometidos durante el conflicto armado, de las cuales menos de diez han logrado llegar a la etapa de judicialización. La Fundación COMUNICÁNDONOS atribuye el avance de este proceso a una combinación de factores cruciales: la persistencia incansable de los familiares, la existencia de documentación relevante en El Salvador, Estados Unidos y los Países Bajos, la actuación diligente de fiscales y jueces, y el acompañamiento comunicacional tanto a nivel nacional como internacional.
El Gobierno de los Países Bajos ha jugado un papel fundamental, acompañando el proceso desde que los familiares iniciaron su búsqueda de justicia. Pérez destacó que representantes de este país han mantenido el caso presente ante diferentes gobiernos salvadoreños, asegurando que no cayera en el olvido.
El caso ha sido documentado exhaustivamente a través de dos publicaciones. La primera, titulada ‘La emboscada’, recopiló una parte significativa de la investigación sobre el asesinato y alcanzó una edición de más de 3,500 ejemplares. La segunda publicación, cuyo título no fue especificado, continúa profundizando en los detalles de este trágico suceso.
Para las familias de las víctimas, esta condena representa un paso significativo para comenzar a cerrar una herida que ha permanecido abierta durante más de cuatro décadas. La sentencia, al establecer responsabilidades penales, no solo ofrece un atisbo de justicia, sino que también abre la posibilidad de reparaciones económicas y una respuesta institucional frente a un crimen cometido contra periodistas que simplemente realizaban su trabajo.
Sin embargo, este caso también pone de manifiesto la situación de otros crímenes del conflicto armado que aún permanecen sin una resolución judicial. En este sentido, la condena de los tres militares constituye un precedente importante dentro de una deuda más amplia de verdad, justicia y reparación que continúa pendiente para numerosas víctimas y sus familias en El Salvador.
