.jpeg)
.png)
La jefa ejecutiva de Hong Kong, Carrie Lam, ha retirado formalmente el controvertido proyecto de ley de extradición. Esta decisión significa que el Gobierno está accediendo a una de las demandas de los manifestantes, quienes han salido a las calles para expresar su rechazo, entre otras cosas, a ese borrador legal.
Las autoridades de la región administrativa especial china han adoptado la decisión tras enfrentar varios meses de disturbios que se han convertido en las mayores protestas de su historia.
Sin embargo, Lam dijo en un mensaje televisivo pregrabado el miércoles que el Gobierno no aceptaría otras demandas, incluyendo una investigación independiente sobre la supuesta mala conducta de las fuerzas de seguridad contra los manifestantes. A su vez, nombró a dos nuevos miembros de una agencia de vigilancia policial que investiga el asunto.
Por su parte, los manifestantes también han pedido la liberación de los detenidos sin cargos, pero la jefa ejecutiva consideró la petición como inaceptable.
Tras una polémica decisión que pone fin a un periodo marcado por los levantamientos ciudadanos, un legislador señaló que el retiro del proyecto de ley fue «demasiado poco y demasiado tarde».
«La persistente violencia está dañando los cimientos mismos de nuestra sociedad, especialmente el estado de derecho», expresó Lam en su discurso. «Debemos encontrar maneras de abordar el descontento en la sociedad y buscar soluciones«, agregó tras anunciar que se pondrá en contacto con la comunidad para iniciar un «diálogo directo».
¿Ha llegado el fin de las protestas?
Los levantamientos comenzaron en marzo, pero se multiplicaron en junio y desde entonces se han incrementado consistentemente, dejando personas heridas y varios detenidos. Tras la ocupación de espacios públicos, estaciones de metro y el aeropuerto, se cancelaron cientos de vuelos, se suspendió el servicio de transporte y el sector turístico sufrió una dramática caída, entre otras consecuencias.
«Todos los esfuerzos que hemos hecho han valido la pena», expresó un estudiante citado por Reuters. Sin embargo, muchos creen que las manifestaciones continuarán hasta que las autoridades respondan a todas las demandas de la ciudadanía. «Esto no apaciguará a los manifestantes», dijo Boris Chen, de 37 años, quien trabaja en los servicios financieros. «En cualquier momento, la gente encontrará algo por lo que enfadarse», concluyó.
Los manifestantes también exigen la eliminación de la palabra ‘motín’ para describir las protestas, una investigación independiente sobre la brutalidad percibida por la Policía y el derecho del pueblo de Hong Kong a elegir democráticamente a sus propios líderes. De momento, no está clara cuál será la reacción de los habitantes ante la retirada del proyecto.
El polémico proyecto de ley de extradición
El borrador legal que originó las movilizaciones fue propuesto en febrero en respuesta al caso de Chan Tong-kai, un residente de Taiwán que se fugó a Hong Kong después de matar a su novia embarazada el año pasado en Taipéi.
Sin embargo, de acuerdo a la normativa vigente, los sospechosos de crímenes no pueden ser extraditados a China continental, Taiwán y Macao, sino a los 20 países con los que el territorio mantiene acuerdos bilaterales.
Las autoridades de Hong Kong sostienen que las actuales normas para los delincuentes fugitivos deben actualizarse. Formalmente, la medida legislativa no se aplicaría a los acusados de delitos políticos, pero la oposición sostiene que el Gobierno chino podría recurrir a acusaciones de fraude o lavado de dinero para lograr la extradición de personas ‘indeseables’ y representantes de minorías.
«Un país, dos sistemas»
Colonia británica desde 1841, Hong Kong fue transferido por el Reino Unido a China el 1 de julio de 1997 conforme a la declaración conjunta firmada por los primeros ministros de ambos países, Zhao Ziyang y Margaret Thatcher, 13 años antes.
Ese documento, que establece una suerte de constitución, la Ley Básica, limita enormemente la soberanía de Pekín sobre el territorio. Por ejemplo, la estructura política de la ciudad presupone la separación de poderes y su autonomía de la China continental, además de garantizar libertades civiles como los derechos de libre expresión, asamblea y manifestación.
