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Empresas peruanas y ejecutivos apelaron una orden de desacato dictada en Nueva York, en medio de un conflicto regional que también alcanza a Guatemala y El Salvador.
El conflicto internacional por el control de Continental Towers sigue ampliando su alcance en América Latina. Ahora, empresas peruanas y ejecutivos locales se sumaron a los cuestionamientos contra un juez de Nueva York, en el marco de la disputa entre Terra Towers y la firma estadounidense TPG Peppertree.
La nueva apelación fue presentada ante la justicia de Estados Unidos por Telecom Business Solution S.R.L. (TBS Perú), Continental Towers Perú S.R.L., Collocation Technologies Perú S.R.L. y ejecutivos peruanos, quienes rechazan haber sido incluidos en una orden de desacato emitida en abril de 2025 por el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York.
Los recurrentes sostienen que dicho tribunal no tiene jurisdicción sobre ellos, ya que no forman parte del acuerdo de accionistas que fija a Nueva York como sede arbitral y, además, no mantienen operaciones ni presencia en territorio estadounidense.
Un litigio que se expande en la región
El caso ya dejó efectos en varios países de la región. En Guatemala, un juez local rechazó la aplicación de órdenes relacionadas con el proceso de Estados Unidos dentro de su jurisdicción. En El Salvador, la disputa avanzó aún más: derivó en procesos judiciales, detenciones y órdenes de captura internacional contra tres ejecutivos estadounidenses vinculados a TPG Peppertree.
Con la acción presentada por las firmas peruanas, el litigio suma un nuevo frente legal en América Latina y refuerza el debate sobre hasta dónde pueden extenderse las decisiones de tribunales extranjeros en conflictos empresariales transnacionales.
La defensa de las compañías peruanas
En su apelación, las empresas peruanas afirman que sus actuaciones estuvieron sujetas exclusivamente a la legislación nacional. Según el expediente, TBS Perú opera más de 452 torres de telecomunicaciones en el país y mantiene contratos con compañías como Telefónica, Entel, Claro y Bitel.
Los ejecutivos aseguran que las decisiones adoptadas respondieron a obligaciones legales en Perú, incluyendo arbitrajes iniciados en 2022 y actuaciones en Islas Vírgenes Británicas durante 2024.
También señalan que sus acciones se produjeron en medio de decisiones atribuidas a Peppertree que habrían afectado la operación de la empresa, entre ellas el rechazo de más de 1,400 solicitudes de desarrollo de infraestructura, la cancelación de un crédito por 15 millones de dólares y la no renovación de contratos operativos.
Cuestionan falta de defensa previa
Uno de los puntos centrales del recurso apunta a la orden de desacato emitida en 2025. Los apelantes alegan que no fueron notificados formalmente antes de la resolución, que no tuvieron oportunidad de defenderse y que fueron incorporados al proceso pese a no ser parte directa del litigio principal.
Según lo expuesto en el expediente, estas partes no fueron escuchadas en la etapa inicial que llevó a la sanción, por lo que ahora piden que la medida sea revisada.
Lo que está en juego
Ante el Tribunal del Segundo Circuito, las empresas peruanas solicitaron que se revoquen las órdenes emitidas en 2025, que se declare la falta de jurisdicción del tribunal de Nueva York o, en su defecto, que se disponga una revisión más profunda antes de mantener cualquier sanción.
La resolución no solo será clave para los actores involucrados, sino que también podría sentar un precedente sobre el alcance de la justicia estadounidense frente a empresas extranjeras en litigios corporativos de carácter internacional.
