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La Fiscalía General de la República (FGR) de México informó de forma reciente la primera detención en el país vinculada al caso ‘Pegasus’, como se conoce al programa israelí utilizado en distintas partes del mundo para realizar tareas de espionaje.
Así, el 1 de noviembre la Policía Federal Ministerial (PFM) aprehendió a un hombre identificado como Juan Carlos «G», en la ciudad de Querétaro. El procedimiento se ordenó por su posible responsabilidad en el delito de «intervención ilegal de comunicaciones agravado en perjuicio de una periodista», dice el comunicado.
Aunque en este anuncio no se aclara el nombre de la presunta víctima, en otra oportunidad la Fiscalía ya había agradecido públicamente a la reportera Carmen Aristegui, «por su denuncia y participación permanente». Por eso, no se descarta que esta conocida periodista local haya padecido las actividades de seguimiento irregular.
Asimismo, el implicado fue trasladado a la Ciudad de México, quedando a disposición de la Justicia. Al respecto, el Ministerio Público Federal (MPF) ya formuló su imputación. El delito que se le adjudica a «G» es agravado, por su aparente «finalidad de afectar, limitar y menoscabar la libertad de expresión«.
Una trama global
A mediados de julio una investigación de Amnistía Internacional y Forbidden Stories reveló que este software de la firma NSO Group se habría usado por distintos Gobiernos para espiar a unos 50.000 teléfonos de activistas, comunicadores y disidentes políticos, «para facilitar la comisión de violaciones de derechos humanos a gran escala».
Sobre ello, se cree que México fue el país con más objetivos potenciales, contabilizando 15.000, incluyendo al actual presidente, Andrés Manuel López Obrador. Incluso se sospecha que este sistema tuvo su mayor auge bajo el mandato de Enrique Peña Nieto, quien lideró el Ejecutivo entre 2012 y 2018.
Según la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), la empresa Proyectos y Diseños VM fue parte de una red encargada de adquirir el software y comercializarlo a organismos públicos, como el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN), la Secretaría de Gobernación o la Secretaría de la Defensa Nacional. En esa firma trabajaba «G», el actual detenido.
En cuanto al desarrollo del caso, el juez a cargo le dio cuatro meses a la Fiscalía para que avance en la investigación complementaria. Mientras tanto, el imputado permanece privado de su libertad de forma preventiva, ante el «peligro de fuga y los riesgos que representa para la seguridad pública y las personas relacionadas con el proceso».
