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La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador admitió una demanda de inconstitucionalidad contra las últimas acciones del Gobierno del presidente Nayib Bukele e impuso una serie de medidas cautelares entre las que se encuentra prohibir a Bukele utilizar a las Fuerzas Armadas para fines contrarios a la Constitución y anular la convocatoria de sesiones del Legislativo por parte del Gobierno.
Además, ordena al Gobierno, incluido Bukele, «el cese de los efectos de la convocatoria girada con el propósito de una sesión extraordinaria de la Asamblea Legislativa a efecto que se apruebe el préstamo» para financiar el plan de seguridad de Bukele.
Bukele, que llegó al cargo el 1 de junio, lanzó el Plan de Control Territorial, a desarrollarse en tres fases con un coste de más de $575 millones. Tras ello, Bukele convocó para el domingo siguiente una sesión extraordinaria de la Asamblea Legislativa haciendo uso de un artículo constitucional ideado para «cuando los intereses de la República lo ameriten». El domingo militares a las órdenes del presidente Bukele irrumpieron en la sede de la Asamblea Legislativa y policías se presentaron en las viviendas de los asambleístas con la orden verbal de acudir a la sede parlamentaria, lo cual no hicieron. El propio Bukele entró en la sede parlamentaria rodeado de militares y dio una semana de plazo al órgano para que apruebe el conocido como Plan de Control Territorial.
Bukele asegura que los diputados de la oposición que controlan la Asamblea Legislativa están al servicio de las bandas criminales que él pretende combatir.
