El Gobierno de Nayib Bukele no está habilitado para exigir una prueba PCR negativa de covid-19 a los salvadoreños para el ingreso al territorio, estipuló la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) como medida cautelar en seguimiento al retorno de los connacionales del exterior.
La Sala indica que «la decisión de supeditar su admisión a la presentación de una prueba de PCR que dé negativa en covid-19 supondría una prohibición de ingreso para los connacionales que no cuenten con el resultado médico prescrito y de facto» y «no existe un régimen de excepción que la habilite».
El derecho de los salvadoreños a ingresar al país está protegido por la Constitución de la República y la medida girada por el Gobierno ha sido denunciada ampliamente por sectores académicos y juristas.
Con dicha resolución, el Gobierno ya no puede condicionar la entrada de salvadoreños ni extranjeros con residencia definitiva a la presentación de un examen negativo de coronavirus.
Este miércoles por la mañana, la canciller Alexandra Hill fue cuestionada por la medida mientras participaba de la firma con ACNUR con motivo del desplazamiento forzado de los salvadoreños.
Hill evocó el decreto 661 para decir que la medida estaba dentro del marco de ley. Sin embargo, dicha ley no estipula un PCR para ingresar a El Salvador y, por el contrario, responsabiliza al Gobierno de la realización de dichas pruebas a quienes llegan al territorio.
La canciller habló del decreto como ley vigente de la República. Se desconoce si esta ya fue publicada en el Diario Oficial como la Sala de lo Constitucional le ordenó a Bukele hace casi un mes. Según el sitio web, el último Diario Oficial es el del 10 de septiembre y hasta entonces no se había incluido dicha Ley.
Al entrar en vigencia el decreto 661, el Gobierno no tendría otra opción que cumplir con la Ley y realizarles pruebas de covid-19 a todo el que ingrese al territorio, en lugar de exigírselas como requisito.
Esta semana, el ministro de Salud Francisco Alabi reiteró que la medida se aplicaría también por el ingreso terrestre y quitó responsabilidad del Ejecutivo sobre los gastos en que incurran los salvadoreños para obtener una prueba PCR en el país que se encuentren, pues dijo que «no depende del Gobierno».
No es la primera vez que el Gobierno intenta prohibir la entrada de salvadoreños al país sin tener un respaldo legal. Al inicio de la emergencia por la pandemia de covid-19 el presidente Nayib Bukele dijo que las fronteras quedaban cerradas para todas las personas y solamente se permitiría el paso de transporte de carga.
Semanas después negaron que hayan prohibido el ingreso de salvadoreños y dijeron que tal medida nunca existió.
