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Un grupo bipartidista de senadores estadounidenses ha dirigido una carta formal al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) exigiendo reformas urgentes en las prácticas operativas de la agencia de inmigración ICE, tras una serie de muertes de migrantes y ciudadanos durante detenciones. La iniciativa busca fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas en un contexto de creciente polémica sobre el uso de la fuerza por parte de agentes federales.
La misiva, encabezada por senadores demócratas y republicanos, aborda específicamente las muertes recientes de dos migrantes: el mexicano Lorenzo Salgado Araujo y el colombiano Johan Durán, ambos fallecidos en circunstancias que involucraron a agentes de ICE. Además, se menciona el deceso de un migrante no identificado el 14 de julio, embestido por un camión durante un control de tráfico. Estos casos se enmarcan en un patrón de críticas hacia la agencia, que ha enfrentado acusaciones de excesos en operaciones migratorias.
Los legisladores piden la implementación obligatoria de cámaras corporales para todos los agentes de ICE, un mecanismo que consideran esencial para garantizar la transparencia. También solicitan una revisión exhaustiva de los protocolos de uso de la fuerza y la divulgación de datos detallados sobre incidentes donde se hayan aplicado medidas coercitivas. La carta subraya la necesidad de mecanismos de supervisión independientes para evitar abusos.
La demanda se enciende en un clima de tensión política tras las muertes de dos ciudadanos estadounidenses en operativos migratorios. La enfermera Alex Pretti y Renee Nicole Good, ambos de 37 años, fallecieron en enfrentamientos con agentes de inmigración en enero de 2026, lo que generó protestas y demandas de mayor control. Estas muertes llevaron a bloqueos presupuestarios en el Congreso y cambios en la cúpula del DHS, incluyendo la salida de la secretaria Kristi Noem.
El coordinador de políticas migratorias de la Casa Blanca, Tom Homan, defendió las acciones de los agentes, argumentando que los fallecidos habrían sobrevivido si hubieran cumplido con las órdenes de los oficiales. Sin embargo, los senadores rechazan esta narrativa, exigiendo una investigación imparcial y la adopción de medidas preventivas. Homan, aunque apoya las cámaras corporales, ha evitado establecer fechas concretas para su implementación completa, limitándose a anuncios sobre capacitación del personal.
La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, aseguró que para septiembre todos los agentes migratorios llevarán dispositivos de grabación, aunque persisten dudas sobre la cobertura y el acceso a los datos. Los demócratas, por su parte, continúan presionando para que las cámaras sean obligatorias y que sus registros sean públicos, un punto que Homan ha calificado como una herramienta para combatir la desinformación.
La situación refleja un debate nacional sobre la responsabilidad de las agencias migratorias y el equilibrio entre seguridad fronteriza y derechos humanos. Con las elecciones presidenciales próximas, las críticas a ICE han ganado visibilidad, con activistas y legisladores exigiendo reformas estructurales para prevenir tragedias futuras.
