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La Casa Blanca anunció la imposición de un arancel del 50% a las importaciones brasileñas, medida firmada por el presidente Donald Trump como respuesta a lo que calificó como una “amenaza inusual y extraordinaria” por parte del gobierno de Brasil.
Según la orden ejecutiva, las políticas y acciones del gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva representan un riesgo para la seguridad nacional, la política exterior y la economía de Estados Unidos. El documento también señala presuntas violaciones a la libertad de expresión y a los derechos humanos por parte de funcionarios brasileños.
Trump ya había anticipado el 9 de julio que gravaría los productos brasileños, argumentando que su decisión respondía a una “caza de brujas” contra el expresidente Jair Bolsonaro. Ese mismo día, el gobierno estadounidense también sancionó a Alexandre de Moraes, juez del Tribunal Supremo de Brasil, quien lidera la investigación sobre un posible intento de golpe de Estado tras las elecciones de 2022. Bolsonaro ha negado dichas acusaciones.
Desde Brasil, Lula calificó los aranceles como “injustificados” y de motivación política. A través de su cuenta en la red X, expresó que su gobierno está dispuesto a dialogar, pero consideró como “inaceptable” la supuesta injerencia estadounidense en el sistema judicial brasileño.
Sanciones y tensiones crecientes
El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, responsabilizó al juez Moraes de liderar “una campaña opresiva de censura”, aplicar detenciones arbitrarias y promover juicios con motivaciones políticas, incluido el de Bolsonaro. Por su parte, el secretario de Estado, Marco Rubio, advirtió que “las togas no pueden proteger” a quienes violan derechos fundamentales.
Según la Casa Blanca, la persecución contra Bolsonaro está debilitando deliberadamente el Estado de derecho en Brasil y pone en riesgo los principios que Estados Unidos promueve en el mundo, como la libertad de expresión y elecciones libres.
Trump ha lanzado varias acusaciones en las últimas semanas contra Brasil, señalando prácticas comerciales desleales y ataques a empresas tecnológicas estadounidenses. También anunció una investigación al respecto. El 18 de julio, Estados Unidos revocó las visas del juez Moraes, sus familiares y aliados cercanos.
Impacto económico y respuesta de Brasil
Estados Unidos es el segundo socio comercial de Brasil, por lo que la aplicación de estos aranceles a partir del 6 de agosto podría tener un impacto significativo. Entre los productos brasileños más exportados a Estados Unidos están el petróleo, el hierro y el café, mientras que desde EE.UU. Brasil importa combustibles, maquinaria y aeronaves.
La orden ejecutiva contempla algunas excepciones, como el jugo de naranja y ciertas partes de aeronaves. Lula ha anunciado que responderá con medidas recíprocas, a lo que Trump advirtió que impondrá nuevos aumentos arancelarios si Brasil contraataca.
Aplicación de la Ley Magnitsky
La sanción contra el juez Alexandre de Moraes fue emitida bajo la Ley Magnitsky, una de las normativas más severas utilizadas por Estados Unidos contra funcionarios extranjeros acusados de corrupción o violaciones a los derechos humanos. Esta es la primera vez que un funcionario brasileño es sancionado bajo este marco legal.
La Casa Blanca acusa a Moraes de abusar de su autoridad para perseguir a opositores, proteger a aliados y reprimir la disidencia. Lula, en una entrevista con The New York Times, reiteró que la justicia en Brasil es independiente y que el juicio contra Bolsonaro no fue impulsado por su gobierno. Subrayó que el proceso judicial debe continuar sin interferencias políticas.
Además de dirigir la investigación contra Bolsonaro, Moraes también ordenó el cierre de cuentas en redes sociales por difundir desinformación. Algunas empresas tecnológicas, como Trump Media, han apelado las decisiones judiciales brasileñas. En meses anteriores, Brasil llegó a bloquear temporalmente la red X, de Elon Musk, por negarse a eliminar cuentas que difundían contenido falso sobre las elecciones de 2022.
En junio, el Tribunal Supremo de Brasil dictaminó que las redes sociales pueden ser responsables del contenido publicado en sus plataformas, una decisión que ha generado fuertes reacciones tanto a nivel nacional como internacional.
