Ayer, el presidente Nayib Bukele acudió, junto a la Fuerza Armada y la PNC, a las instalaciones de la Asamblea Legislativa para presionar a los diputados por la aprobación de $109 millones para el Plan Control Territorial.
"Les prometí en la campaña que si había que marchar a la @AsambleaSV, íbamos a marchar a la Asamblea Legislativa, hoy cumplimos esta promesa", Presidente @nayibbukele.
— Consejo de Ministros (@ElConsejoSV) February 9, 2020
Bukele, al ingresar al salón azul, agradeció a los diputados de llegaron a la convocatoria, realizó una oración y salió para dar la decisión, que se presumía iba a ser decretar el artículo 87 de la Constitución Nacional, que consiste en sustituir, desaforar y suspender de sus cargos a todos los diputados que consumaron el desacato a la Constitución de no atender la convocatoria.
Sin embargo, pidió al pueblo no hacer uso del Artículo 87 y dar un plazo de una semana para que los diputados aprueben los fondos, pero de no ser aprobado aseguró que el próximo domingo convocará nuevamente y que no dudará en dar el poder al pueblo para aplicar dicho artículo.
¿Militares para convencer diputados?
Desde #Ecuador ?? rechazamos categóricamente la militarización de @AsambleaSV ordenada por el Presidente @nayibbukele, al representar un riesgo para la democracia e institucionalidad de #ElSalvador ??
— Juan Fernando Flores (@juanflores18) February 9, 2020
¡Hacemos un llamado a deponer las diferencias y encontrar una pronta solución! pic.twitter.com/SOwQlo4Hsa
El director ejecutivo de la División de las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, a través de su cuenta de Twitter, escribió que El Salvador enfrenta una grave crisis constitucional provocada por el presidente Bukele al ordenar que miembros del Ejército permanecieran con armas largas dentro de la Asamblea Legislativa.
«¿Qué concepto tiene Nayib Bukele sobre democracia?», cuestionó Vivanco en la red social. El defensor de derechos humanos, además, explicó al secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, que la «exhibición de fuerza bruta justifica reunión urgente de la OEA en función de la Carta Democrática».
Inclusive, el director ejecutivo de la División de las Américas de Human Rights Watch cuestionó que si la presencia de los militares en el congreso salvadoreño era una medida para «persuadir a los congresistas de las virtudes» del gobierno de Bukele.
La CIDH hace un llamado a #ElSalvador para resolver pacíficamente actual crisis y respetar la separación de poderes y la Constitución. El dialogo, el respeto a la institucionalidad y al Estado de Derecho son condiciones fundamentales para las obligaciones internacionales de DDHH.
— CIDH – IACHR (@CIDH) February 10, 2020
Además, el exmagistrado de la Sala de lo Constitucional de la CSJ, Rodolfo González, en declaraciones anteriores sobre la problemática, dijo que el acuerdo del Consejo de Ministros es válido, pues está detallado en el art. 167 de la Constitución de la República. Sin embargo, agregó que considerar ese artículo como la solución ante la negativa de la Asamblea Legislativa para aprobar los fondos que financien la fase III del Plan Control Territorial puede ser «peligroso», explicó el magistrado a inicios de febrero en una entrevista.
La Comisión Interamericana de los Derechos Humanos envió un mensaje para Nayib Bukele y el Órgano Legislativo, para que resuelvan «pacíficamente actual crisis» y respetar «la separación de poderes y la Constitución».


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